1000 metros de protección para la escuela 11 de Areco, gracias a Ana Zabaloy

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Ana Zabaloy fue una docente rural pionera en la lucha contra los agrotóxicos. Ella sufrió en su salud las consecuencias de las fumigaciones, y falleció el 9 de Junio de este año.

Ana, quien fundó esta Red Federal de Docentes por la Vida, en uno de sus actos de entereza y valor llevó a la Justicia las fumigaciones sufridas en la escuela rural en la que era directora. Y así, hoy brota una más de las semillas que Anita nos dejó.

El pasado 31 de octubre, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, confirmó la medida preventiva dispuesta de oficio por el Juzgado Civil y Comercial n° 4 Departamental, en cuanto a la prohibición de aplicar cualquier tipo de agrotóxico “en un radio de 1000 metros de la escuela rural nº 11 ubicada en el cuartel IV, Paraje La Rosada, del Partido de San Antonio de Areco para los días en que haya clases, debiendo realizarse dichas tareas los días sábado, domingo o feriados educativos”.

Aunque Anita ya no esté más en esta vida, sigue su acción protegiendo esa escuela 11 que ella tanto amaba y que en sus relatos y recuerdos le hacía brillar los ojos.

Se reafirma en la sentencia del Tribunal el principio de prevención de daños (hoy consagrado en los arts. 1710, 1711 y 1712 del Código Civil y Comercial), y citando a doctrina imperante en la materia, afirma que los mismos “…deben ser evitados, puesto que si la Justicia debiera permanecer impasible ante la inminencia de un daño, o de su agravación, ello importaría tanto como crear el derecho de perjudicar” (cit. Alterini, Atilio Aníbal, “Soluciones del Proyecto de Código en materia de responsabilidad civil”; L.L. 30/07/2012, 1; L.L. 2012-D, 1154) .

A su vez, el fallo destaca los considerandos de la ordenanza nro. 4226/17,  que en la actualidad directamente prohibe toda fumigación aérea en el territorio del Partido de San Antonio de Areco, y en los que se ha remarcado que “se encuentran cada vez más acreditados científicamente los riegos a la salud humana que se generan tanto por la cercanía en la aplicación de agroquímicos como en el residual que queda en el suelo y, sobre todo, en el agua de consumo habitual en las zonas rurales…” Asimismo, se puntualiza el  “…relevamiento realizado en la localidad por más de 200 médicos de la Universidad Nacional de Rosario, que revela que la causa de muerte más frecuente es por enfermedades oncológicas (32,3%) y respiratorias (9,6%); que el cáncer es el problema de salud más referido (40%), y que las fuentes de contaminación más referidas son el río contaminado (13,3%) y las cerealeras (12,7%)”.

Ante este nuevo precedente en la materia, exigimos a la Municipalidad de San Antonio de Areco realizar las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento al mismo, y a su vez, impulsar las medidas administrativas o judiciales que considere pertinente a los fines de extender la protección a las restantes escuelas rurales del partido.

Esto es un elemento más de una lucha que se está dando, en todo el territorio nacional, desde las comunidades para defender a la salud y el ambiente frente a un modelo agropecuario basado en transgénicos y venenos. Quizás el capítulo más dramático de esta lucha lo estemos viviendo hoy en Entre Ríos donde el lobby empresario y la complicidad política amenazan recortar la protección a las escuelas rurales que lograron las organizaciones de la coordinadora Basta es Basta!

Cómo decía Anita, las docentes rurales somos testigos obligados del costo humano del actual sistema productivo basado en transgénicos y agrotóxicos. Y allí mismo donde nos riegan con venenos; aún estudiantes, docentes, y personal no docente denuncia ese modelo y pide un cambio desde la escuela como motor central de concientización.  Por eso es crucial que defendamos las escuelas rurales; como ámbito de socialización y posibilidad de reconstruir una trama productiva para la soberanía alimentaria desde la agroecología.

                                                                             Red Federal de Docentes por la Vida

                                                                                                   7 de Noviembre de 2019

Insistimos: No hay razones para envenenar la gurisada

Otra vez, el gobernador de Entre Ríos emitió un decreto con el que pretende habilitar las fumigaciones con agrotóxicos a una distancia de 100 metros terrestres y 500 metros aéreos de las escuelas rurales entrerrianas.

La Red Federal de Docentes por la Vida en su primer encuentro, el 27 y 28 de Julio, reafirmó la necesidad de proteger las escuelas rurales que son la ÚNICA posibilidad que tienen los niños/as y adolescentes del medio rural para acceder a la educación, por la imposibilidad de concurrir a diario a escuelas urbanas, por la distancia, el estado de los caminos, la falta de medios de transporte, carencia de recursos económicos. Además son un espacio de sociabilización irremplazable para la comunidad; en general el único lugar público para la realización de actividades de interés común, fomentando el arraigo al territorio.

En octubre de 2018 el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos otorgó distancias de resguardo alrededor de las escuelas rurales de esa provincia de 1.000 y 3.000 metros sin fumigar de manera terrestre y aérea respectivamente. Por presiones del agronegocio el gobernador Bordet publicó el decreto 4407 que pretendía anular el fallo, el cual a su vez fue anulado por el máximo órgano de la Justicia Provincial dejando firme la primer sentencia.

Durante todo este tiempo la Mesa de Enlace de Entre Ríos viene sosteniendo que los fallos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos carecen de “criterio técnico alguno e imposibilitan la producción en más de 300 mil hectáreas”.

Resulta llamativo que quienes supuestamente se abocan a esa actividad aparentan desconocer que hay una amplia variedad de modos en los que no se depende del uso de agrotóxicos: 85.000 hectáreas de agroecología bajo el asesoramiento del RENAMA, 80.877 hectáreas de producción orgánica argentina durante el 2018; sólo por mencionar algunas. De hecho, la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) presentó una propuesta técnica para la producción de cultivos extensivos de cereales, oleaginosas y granos alimenticios agroecológicos en las zonas lindantes a escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos. Se puede producir de otra manera.

Las conclusiones del Primer Foro por un Programa Agrario Soberano y Nacional dejaron en claro que más de 100 organizaciones del país exigen el fomento a la agroecología como política de Estado y el fortalecimiento de las escuelas rurales para el arraigo de los jóvenes en el campo.

El mismo día de la Pachamama, nuevamente el gobernador Bordet lanza el decreto 2239, que desconoce las leyes que invoca, la división de poderes, y la realidad de la comunidad educativa rural; permitiendo las fumigaciones con agrotóxicos a distancias con las cuales no han podido comprobar que la salud de estudiantes y trabajadores de la educación no esté comprometida.

El decreto 2239 desconoce el fenómeno de la deriva, sostienen que con fumigar fuera del horario escolar y las mal llamadas prácticas agrícolas alcanza para protegernos. ¿Quién cumple el rol de unidad centinela que menciona el decreto? ¿Son docentes quienes tendrán la responsabilidad de que las fumigaciones no les afecten?

Porque defendemos el derecho a la educación, la salud y un ambiente sano, repudiamos el decreto 2239 con el que el gobernador Bordet da permiso para que se fumigue a la gurisada.

El fallo del STJ de Entre Ríos es contundente: “la Ley Nacional 26.061 que además de consagrar la «aplicación obligatoria» de la Convención de los Derechos del Niño, al contemplar los derechos -entre ellos el de la salud y al Medio Ambiente sano y equilibrado (art.21)– lo hace asignándole «prioridad absoluta» en el control de políticas públicas, frente a la cual es prioritario mantener siempre presente el interés superior del niño.” Sobran razones para que el fallo tenga aval de todas las instancias del Estado.

No podemos permitir que los agrotóxicos invadan las escuelas y los contenidos curriculares; por el contrario, la agroecología es una opción real, y las escuelas rurales pueden promoverla como motor de cambio para lograr la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. 

Acompañamos con fuerza a la Coordinadora Provincial por una vida sin agrotóxicos: Basta es Basta

2 de agosto de 2019 -RED FEDERAL DE DOCENTES POR LA VIDA-

Repudio a las declaraciones de Mauricio Macri

Desde la RED FEDERAL DE DOCENTES POR LA VIDA repudiamos las declaraciones del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, realizadas durante el día de ayer en Gualeguaychú, Entre Ríos

En consonancia con el modelo agroindustrial, el Presidente se mostró preocupado por el fallo judicial acerca de las distancias para aplicación de agrotóxicos alrededor de las escuelas (a los cuales denominó fertilizantes, mostrando una vez más su ignorancia), y tomó partido ante la queja de los productores de la provincia. 

Estas declaraciones lamentablemente no nos sorprenden. Al contrario, se suman a una serie de acciones que Cambiemos viene desarrollando en relación a la educación como el cierre las escuelas rurales y la promoción de las engañosas y mal llamadas buenas prácticas agrícolas (BPA) a través de charlas y capacitaciones. 

Quienes formamos parte de esta red, nos encontramos a diario con el “costo humano de los agrotóxicos”: problemas de salud (muchos irreversibles), como cáncer, hipo e hipertiroidismo, afecciones respiratorias, alergias en la piel, abortos espontáneos, entre muchos otros; contaminación del agua, del suelo, pérdida de las producciones familiares…

Evidencia científica y muertes a causa de los agrotóxicos nos desbordan. Faltan políticas de Estado que protejan realmente a la población. Los pueblos fumigados continuamos en alerta, luchando por el fomento de la agroecología, y la implementación de normativas que protejan a nuestros niños y niñas, a las comunidades educativas, a los trabajadores y trabajadoras del medio rural.

Un día histórico en la lucha contra los agrotóxicos

En el día de ayer, en lo que representa un fallo histórico, el tribunal oral de Concepción del Uruguay, conformado por los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas, condenó a 1 año y 6 meses de prisión -en suspenso- a los tres imputados por fumigar en cercanías de la Escuela N° 44 «República Argentina» de Colonia Santa Anita, en la provincia de Entre Ríos. Asimismo, se fijó la inhabilitación por un año para quien hizo efectiva la pulverización de forma aérea.

La Justicia hizo lugar al pedido de la fiscalía de responsabilizar al presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez, al dueño del campo de arroz y maíz que contrató el servicio, José Mario Honecker, y al piloto que manejaba la aeronave, César Martín Visconti, por “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa”, tras realizar pulverizaciones en los alrededores de la escuela en horario de clase.

Desde el inicio de la causa, a Honecker se le acusó de haber contratado los servicios de Aero Litoral para el campo ubicado entre los kilómetros 7 y 11, de la zona rural de localidad de Santa Anita, con empleo de productos químicos calificados como residuos peligrosos por la ley nacional Nº 24.051.

En el expediente figura que la labor de fumigación estuvo a cargo de César Martín Visconti, precisamente de Aero Litoral. La firma en cuestión estaba presidida por Erminio Rodríguez en el momento en que se llevó a cabo la aplicación de agrovenenos junto al establecimiento escolar.

A la sentencia en cuestión se llega a partir de la denuncia de la docente Mariela Leiva y desde la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas”, encabezada por la filial Basavilbaso, seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

Mariela Leiva denunció fumigaciones y haber sufrido contaminación con pesticidas mientras trabajó en la escuela 44 entre 2008 y 2017.

Consideramos que si bien la condena no alcanza para remediar las consecuencias que los agrotóxicos han provocado en los niños y niñas afectadas, este juicio constituye el primer dictamen en la Argentina en torno a la protección de docentes y alumnos rurales, y por tanto sienta un precedente fundamental en caso de futuras denuncias.

Estos acontecimientos nos fortalecen a todos los colectivos que luchamos por una sociedad más justa. Ahora es el momento de aunar fuerzas, de animarse a denunciar, de interpelar a las autoridades gremiales para que de una vez por todas se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes a crecer en ambiente sano, libre de agrotóxicos.

Red Federal de Docentes por la Vida

04 de Octubre de 2017

A las autoridades gremiales, educativas y políticas:

Como docentes y directivos de diversas escuelas rurales de provincia de Buenos Aires reunidos en esta «RED DE DOCENTES POR LA VIDA», nos preocupa profundamente una gravísima situación que afecta a las comunidades rurales y dentro de ellas especialmente a las escuelas y a su población escolar: las fumigaciones/pulverizaciones con agrotóxicos en sus adyacencias.

Recientemente la Corte Suprema de la Nación rechazó la queja presentada por la defensa el productor agropecuario Francisco Parra y el piloto Edgardo Pancello contra el fallo de la Cámara Primera del Crimen de la Justicia cordobesa que los condenó a tres años de prisión condicional al considerar que mediante el uso de agrotóxicos envenenaron de «modo peligroso» suelos, salud y el ambiente en general en la zona de barrio Ituzaingó anexo.

Asimismo, cabe destacar que en abril del presente año, el “Tribunal Internacional contra Monsanto” consideró a la multinacional culpable por el delito de ecocidio, por contaminar el medioambiente, enfermar la salud de las personas, vulnerar los derechos de las personas a acceder a un medioambiente sano e impedir la libre investigación científica.

Las comunidades rurales se encuentran en un estado pleno de vulnerabilidad ante el desarrollo de prácticas que atentan contra la salud, incumpliendo el artículo 41 de la Constitución Nacional que establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Nuevas denuncias nos pone en alerta ante el incumplimiento de las ordenanzas municipales de la Provincia de Buenos Aires, en relación a las pulverizaciones. El 23 de agosto del presente ciclo lectivo, en los Barrios Esperanza y San José, del Partido de Exaltación de la Cruz, se produjo una pulverización terrestre a metros del Jardín de Infantes y de la E. P. N° 8 y E. E. S. N° 5, sobre la Ruta Provincial 39, en pleno horario escolar.

El 5 de septiembre docentes de Luján denunciaron la violación de la ordenanza 5953/11, cuando se pulverizó por vía terrestre un campo lindero a la E.P. N° 22 y al Jardín de Infantes N° 902 del mencionado Partido. Un día después, en la ciudad de San Andrés de Giles, se fumigaba la E.P. N° 18, en las cercanías de Azcuénaga.

Todos los miembros de esta red tenemos experiencias directas con esta problemática, hemos visto afectada nuestra salud en el ámbito laboral y hemos sido testigo de los efectos del uso de agrotóxicos sobre la salud de nuestros alumnos y de sus familias: problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo, abortos espontáneos y cáncer , pasan a ser moneda corriente en nuestras comunidades rurales.

Por lo antes expuesto solicitamos:

– A los GREMIOS QUE AGRUPAN A PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES que nos acompañen en la lucha por la defensa de nuestros derechos como trabajadores de la educación, expuestos constantemente a un grave riesgo de salud por el solo hecho de concurrir a nuestros lugares de trabajo diariamente. Cabe destacar que la ART NO RECONOCE LAS INTOXICACIONES CON AGROTÓXICOS COMO ACCIDENTE DE TRABAJO y la Obra Social no reconoce los estudios y/o tratamientos que en relación a estos incidentes deban realizarse los docentes.

– A DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, representada en cada Distrito Educativo por las Inspectoras de cada Nivel y Distrital, que traten el tema con la seriedad que se merece, creando conciencia desde el ámbito educativo de esta grave problemática, difundiendo un Protocolo de denuncia y articulando acciones con Consejo Escolar y Gobiernos Municipales, para defender el derecho básico para los niños y sus docentes de ENSEÑAR Y APRENDER, que constituye su primordial obligación como funcionarios de la DGCyE.

– A las autoridades políticas de todos los niveles (municipal, provincial y nacional) arbitren los medios necesarios para que los alumnos , docentes y no docentes de las escuelas rurales dejen de ser sometidos a la violencia constante que implican las fumigaciones con agrotóxicos, atentos a su deber de asegurar el cumplimiento de la Constitución Nacional, la Declaración Universal de los Derechos del Niño y el Adolescente y La Ley Nacional de Educación Nº 26.206 que , como ciudadanos, sabemos nos amparan frente a este flagelo.

Tal como se afirma en las conclusiones del 3º Congreso de Médicos de Pueblos fumigados en septiembre de 2015, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), «el sistema de producción agrícola vigente en el país contamina el ambiente y los alimentos de los argentinos, enferma y mata a las poblaciones humanas de las zonas agrícolas», y las/los docentes de esta red podemos dar fe de ello, ya que somos testigos diariamente de la aplicación de un sistema productivo que evidentemente no tiene en cuenta el “ costo humano”.

RED DE DOCENTES POR LA VIDA

22 de Septiembre de 2017