Como Red Federal de Docentes por la Vida somos parte de las organizaciones que conforman el Primer Foro Agrario Nacional que se dió lugar en Buenos Aires en mayo de 2019.
El Documento Cero del Foro le da un crucial espacio a la agroecología como modelo de producción saludable que valoriza el rol de los movimientos campesinos como trabajadores de la tierra y productores de los alimentos para la población:
«Sabemos que el modelo agroindustrial domina la producción y el desarrollo agrícola a nivel mundial en contra de la humanidad y de la madre tierra, en beneficio de los grandes grupos económicos. Estamos convencidos y convencidas de que, sobre la base de otro modelo, nuestro modelo agroecológico, se asienta la esperanza de la humanidad y el buen vivir con la madre tierra, en beneficio de la población, partiendo de las organizaciones de base y desde el impulso de los Estados Nacionales que se enfrentan al neoliberalismo y neocolonialismo.» (Documento 0)
Junto a diversas organizaciones pensamos los disparadores para la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología:
«Un campo sin escuelas rurales es lo que necesitan las corporaciones mencionadas, no solo para obtener nuevos terrenos para explotar, sino porque estas instituciones se han convertido en los últimos años en espacios de denuncia y concientización acerca del costo humano de los agrotóxicos sobre el ambiente en general y la salud humana en particular.
Las escuelas rurales son un espacio de sociabilización fundamental e irremplazable para la comunidad, siendo, en general, el único lugar público de encuentro para la realización de actividades de interés común, fomentando además el arraigo al territorio. Entendemos que las escuelas rurales son la ÚNICA posibilidad que tienen los niños/as y adolescentes del medio rural para acceder a la educación, por la imposibilidad de concurrir a diario a escuelas urbanas, por la distancia, el estado de los caminos, la falta de medios de transporte, carencia de recursos económicos.» (Documento de Educación Ciencia y Tecnología)
ConCiencia Agroecológica- 9 de Julio- Provincia de Buenos Aires- Argentina
Partimos de la definición de derivas y cómo, tanto las primarias como las secundarias, pueden afectar a las Escuelas Rurales. Luego analizamos las más recientes publicaciones científicas relacionadas con fumigaciones y sus efectos sobre niñas/os y/o comunidades escolares; cubriendo estudios realizados en la Argentina como en el exterior.
El pasado viernes 22 de marzo, a media mañana, en plena actividad escolar, una camioneta blanca con un tanque cargado de veneno y seguida por dos mosquitos amarillos (propiedad de un «señor» de la localidad de Pigüé, que tiene su hangar en la Ruta 33), irrumpieron la paz escolar al transitar a toda velocidad por la calle que pasa frente a la escuelita rural N°10 de Alta Vista. Seguramente habían estado dispersando el veneno durante varias horas en cercanías al establecimiento (como ha pasado en otras oportunidades), sin que me diera cuenta y pudiera tomar las medidas necesarias para resguardar la salud de mis alumnos y la mía.
Cabe aclarar que el viento soplaba muy fuerte, como lo demuestra la bandera flameando en la foto. Aclaro esto porque después se excusan con el verso de las «buenas prácticas», que todos sabemos que no existen al momento de aplicar venenos en miles de litros y esparcirlos sin control alguno.
Los sentimientos de angustia, miedo, impotencia, bronca, soledad, etc. se repiten una y otra vez. Hasta cuando podremos soportar tantas injusticias!!! Cuando se dará cuenta el pueblo entero de que nos están matando lentamente. Que no habrá futuro para nuestros hijos si no frenamos YA esta bomba química!! Está demostrado con cientos de estudios científicos las gravísimas consecuencias para la salud que traen los agrotóxicos. Entonces, cómo puede ser que no podamos frenar a estos asesinos. Como decía Andrés Carrasco, “No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública.» Nuestra vida vale mucho más que tus sucios negocios!!! Y nuestros derechos????? Lo dice la Constitución Nacional!!!
PAREN DE ENVENENARNOS!!!! PAREN DE FUMIGAR LAS ESCUELAS RURALES Y A SUS NIÑOS!!!!
Marcela Murguía Docente Rural Envenenada – Integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida
Las docentes de escuelas fumigadas sabemos que en los últimos años han aumentado considerablemente los casos de cáncer, leucemia y abortos espontáneos en nuestras comunidades. En relación a esta problemática creciente sintetizamos en 10 puntos nuestras demandas al Estado y las instituciones públicas del ámbito educativo.
1 Denunciamos la ausencia de estadísticas oficiales que se traduce en la complicidad del área de salud con empresarios y el estado.
2 Manifestamos nuestro estado de ALERTA ante las enfermedades y dolencias que padecen las mujeres y niñes que viven y trabajan en el ámbito rural en nuestro distrito y la región.
3 Exigimos justicia para Melisa Núñez, oscuras maniobras entre empresarios y el estado intentan extender la impunidad y evitar el prometido juicio a los responsables políticos del derrame tóxico que cobró su vida.
4 Manifestamos nuestro repudio a la resolución 246/18 que pone los intereses del agronegocio por encima de nuestros derechos humanos y que por nuestra intensa lucha fue postergada por el término de un año.
5 Exigimos un justo y coherente tratamiento a ordenanzas superadoras, a favor de la vida y la conservación de la biodiversidad, que regule con estricto control el uso, transporte y depósito de agrotóxicos.
Solicitamos a los gremios:
6 Que se obren las gestiones necesarias para realizar seguimientos de la salud y un plan de vigilancia de genotoxicidad sobre la niñez, adolescentes, personal docente y no docente que concurren a escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires.
7 Que se gestionen estudios del agua de consumo de las escuelas que incluyan la detección de agronómicos.
8 Que trabajen en pos de la defensa de nuestros derechos como trabajadoras de la educación, expuestas constantemente a graves riesgos de salud (cabe destacar que la ART no reconoce las intoxicaciones con agrotóxicos como accidente de trabajo y la obra social no reconoce estudios y/o tratamientos que en relación a intoxicaciones).
9 Que se difunda el protocolo de actuación desde los gremios como una herramienta necesaria para lxs docentes en su rol de cuidado.
10 Que se exija a la Dirección General de Cultura y Educación que trate el tema con la seriedad que se merece, creando conciencia desde el ámbito educativo en todos sus niveles.
Desde nuestros espacios de lucha territorial mostramos seria preocupación por la ofensiva que el estado provincial está llevando adelante, a través de la espuria e inconstitucional Resolución 246/18 del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires.
¿QUÉ DICE LA RESOLUCIÓN?
Que a partir del 1 de enero de 2019 los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales comprenderán la zona de amortiguamiento. Y respecto de la misma se podrán realizar aplicaciones terrestres con agrotóxicos.
Sólo en el caso de viviendas familiares que se encuentren en un área urbana o zona residencial extraurbana deberá preverse la presencia del profesional interviniente que determine las previsiones a tener en cuenta al inicio y durante la aplicación.
Con respecto a las escuelas rurales, establece que las aplicaciones con agrotóxicos (tanto áreas como terrestres) deberán realizarse fuera del horario escolar.
En la exposición de motivos de la resolución se señala que las distancias de protección no son esenciales para definir las dimensiones particulares del uso de agrotóxicos sino la aplicación de las buenas prácticas agrícolas.
Con el argumento de la “baja matrícula”, el gobierno de María Eugenia Vidal anunció el cierre de 39 establecimientos educativos rurales de la Provincia de Buenos Aires, y 8 escuelas del Delta (que finalmente serán 2) para el presente ciclo lectivo.
Desde la Red Federal de Docentes por la Vida, emitimos el presente comunicado en repudio a dichas medidas. Entendemos que las escuelas rurales son la ÚNICA posibilidad que tienen los niños/as y adolescentes del medio rural para acceder a la educación, por la imposibilidad de concurrir a diario a escuelas urbanas, por la distancia, el estado de los caminos, la falta de medios de transporte, carencia de recursos económicos.
La realidad del espacio geográfico es más complejo que aquel que se avisora desde un mapa virtual, ya que escuelas que pueden parecer cercanas en relación a la distancia en kilómetros, no cuentan con una red de caminos que permita la accesibilidad, en caso de pretender desplazar alumnos de una institución rural a otra. Por otro lado, las escuelas rurales son un espacio de sociabilización fundamental e irremplazable para la comunidad, siendo, en general, el único lugar público de encuentro para la realización de actividades de interés común.
El Estado está incumpliendo la Ley N° 26.206, Ley de Educación Nacional, que en el artículo 2° señala que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.
El gobierno actual ha profundizado el negocio sobre la tierra, eximiendo del pago de retenciones a los grandes propietarios y pools de siembra, promocionando en las escuelas rurales técnicas las “bondades” del agronegocio y las “buenas prácticas agrícolas”, ubicando a personajes como Luis Etchevere, presidente de la Sociedad Rural Argentina entre 2012 y 2017, al frente del Ministerio de Agroindustria; aprobando nuevos transgénicos que benefician a las corporaciones Syngenta, Dow y Bayer; y ahora vienen por las escuelas rurales.
Por eso consideramos que no se trata sólo de un ajuste en los “números”, porque eso son los niños/as y adolescentes para este gobierno: sólo números; son las variables que sobran para este modelo siniestro y excluyente, que deviene en un campo cada vez más despoblado.
Un campo sin escuelas rurales es lo que necesitan las corporaciones mencionadas, no solamente para obtener nuevos terrenos para explotar, sino porque estas instituciones se han convertido en los últimos años en espacios de denuncia y concientización acerca del costo humano de los agrotóxicos sobre el ambiente en general y la salud humana en particular.
NO AL CIERRE DE LAS ESCUELAS RURALES SÍ AL DERECHO A LA EDUCACIÓN
“Las docentes rurales somos testigos privelegiadas del costo humano de este modelo basado en transgénicos y agrotóxicos”
Diseminadas entre las millones de hectáreas donde se producen intensamente commodities de exportación como soja y maíz, están las escuelas rurales donde aprenden miles de niños y niñas lo que les enseñan cientos de docentes: todxs ellxs expuestxs al contacto con los agrotóxicos que el modelo agroindustrial aplica cada vez en mayores cantidades.
Atrás de los slógans sobre “sustentabilidad”, “progreso” o “desarrollo” elaborados por las grandes corporaciones del agronegocio y repetidos por la enorme mayoría de nuestra clase política, se desarrolla cotidianamente una tragedia difícil de dimensionar y que expone con toda crudeza la barbarie del experimento a cielo abierto al que está expuesto el pueblo argentino.
En medio del silencio de autoridades, organismos de control, colegios profesionales y agrupamientos de productores, son cada vez más las voces que se levantan dejando en evidencia complicidades que van desde lo más pequeño y cotidiano, a lo más general y perverso.
Ana Zabaloy, que fundó la Red Federal de Docentes por la Vida, ya no está entre nosotrxs, pero su voz fue de las pioneras en este camino de lucha y denuncia. Nos queda su palabra amorosa y el ejemplo de su compromiso inquebrantable para defender las escuelas rurales y a quienes las habitamos; para avanzar hacia otro modelo agropecuario de la mano de la agroecología; para tener un campo poblado y diverso dónde sea posible crecer y vivir.
En el día de ayer, en lo que representa un fallo histórico, el tribunal oral de Concepción del Uruguay, conformado por los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas, condenó a 1 año y 6 meses de prisión -en suspenso- a los tres imputados por fumigar en cercanías de la Escuela N° 44 «República Argentina» de Colonia Santa Anita, en la provincia de Entre Ríos. Asimismo, se fijó la inhabilitación por un año para quien hizo efectiva la pulverización de forma aérea.
La Justicia hizo lugar al pedido de la fiscalía de responsabilizar al presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez, al dueño del campo de arroz y maíz que contrató el servicio, José Mario Honecker, y al piloto que manejaba la aeronave, César Martín Visconti, por “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa”, tras realizar pulverizaciones en los alrededores de la escuela en horario de clase.
Desde el inicio de la causa, a Honecker se le acusó de haber contratado los servicios de Aero Litoral para el campo ubicado entre los kilómetros 7 y 11, de la zona rural de localidad de Santa Anita, con empleo de productos químicos calificados como residuos peligrosos por la ley nacional Nº 24.051.
En el expediente figura que la labor de fumigación estuvo a cargo de César Martín Visconti, precisamente de Aero Litoral. La firma en cuestión estaba presidida por Erminio Rodríguez en el momento en que se llevó a cabo la aplicación de agrovenenos junto al establecimiento escolar.
A la sentencia en cuestión se llega a partir de la denuncia de la docente Mariela Leiva y desde la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas”, encabezada por la filial Basavilbaso, seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
Mariela Leiva denunció fumigaciones y haber sufrido contaminación con pesticidas mientras trabajó en la escuela 44 entre 2008 y 2017.
Consideramos que si bien la condena no alcanza para remediar las consecuencias que los agrotóxicos han provocado en los niños y niñas afectadas, este juicio constituye el primer dictamen en la Argentina en torno a la protección de docentes y alumnos rurales, y por tanto sienta un precedente fundamental en caso de futuras denuncias.
Estos acontecimientos nos fortalecen a todos los colectivos que luchamos por una sociedad más justa. Ahora es el momento de aunar fuerzas, de animarse a denunciar, de interpelar a las autoridades gremiales para que de una vez por todas se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes a crecer en ambiente sano, libre de agrotóxicos.
Como docentes y directivos de diversas escuelas rurales de provincia de Buenos Aires reunidos en esta «RED DE DOCENTES POR LA VIDA», nos preocupa profundamente una gravísima situación que afecta a las comunidades rurales y dentro de ellas especialmente a las escuelas y a su población escolar: las fumigaciones/pulverizaciones con agrotóxicos en sus adyacencias.
Recientemente la Corte Suprema de la Nación rechazó la queja presentada por la defensa el productor agropecuario Francisco Parra y el piloto Edgardo Pancello contra el fallo de la Cámara Primera del Crimen de la Justicia cordobesa que los condenó a tres años de prisión condicional al considerar que mediante el uso de agrotóxicos envenenaron de «modo peligroso» suelos, salud y el ambiente en general en la zona de barrio Ituzaingó anexo.
Asimismo, cabe destacar que en abril del presente año, el “Tribunal Internacional contra Monsanto” consideró a la multinacional culpable por el delito de ecocidio, por contaminar el medioambiente, enfermar la salud de las personas, vulnerar los derechos de las personas a acceder a un medioambiente sano e impedir la libre investigación científica.
Las comunidades rurales se encuentran en un estado pleno de vulnerabilidad ante el desarrollo de prácticas que atentan contra la salud, incumpliendo el artículo 41 de la Constitución Nacional que establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Nuevas denuncias nos pone en alerta ante el incumplimiento de las ordenanzas municipales de la Provincia de Buenos Aires, en relación a las pulverizaciones. El 23 de agosto del presente ciclo lectivo, en los Barrios Esperanza y San José, del Partido de Exaltación de la Cruz, se produjo una pulverización terrestre a metros del Jardín de Infantes y de la E. P. N° 8 y E. E. S. N° 5, sobre la Ruta Provincial 39, en pleno horario escolar.
El 5 de septiembre docentes de Luján denunciaron la violación de la ordenanza 5953/11, cuando se pulverizó por vía terrestre un campo lindero a la E.P. N° 22 y al Jardín de Infantes N° 902 del mencionado Partido. Un día después, en la ciudad de San Andrés de Giles, se fumigaba la E.P. N° 18, en las cercanías de Azcuénaga.
Todos los miembros de esta red tenemos experiencias directas con esta problemática, hemos visto afectada nuestra salud en el ámbito laboral y hemos sido testigo de los efectos del uso de agrotóxicos sobre la salud de nuestros alumnos y de sus familias: problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo, abortos espontáneos y cáncer , pasan a ser moneda corriente en nuestras comunidades rurales.
Por lo antes expuesto solicitamos:
– A los GREMIOS QUE AGRUPAN A PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES que nos acompañen en la lucha por la defensa de nuestros derechos como trabajadores de la educación, expuestos constantemente a un grave riesgo de salud por el solo hecho de concurrir a nuestros lugares de trabajo diariamente. Cabe destacar que la ART NO RECONOCE LAS INTOXICACIONES CON AGROTÓXICOS COMO ACCIDENTE DE TRABAJO y la Obra Social no reconoce los estudios y/o tratamientos que en relación a estos incidentes deban realizarse los docentes.
– A DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, representada en cada Distrito Educativo por las Inspectoras de cada Nivel y Distrital, que traten el tema con la seriedad que se merece, creando conciencia desde el ámbito educativo de esta grave problemática, difundiendo un Protocolo de denuncia y articulando acciones con Consejo Escolar y Gobiernos Municipales, para defender el derecho básico para los niños y sus docentes de ENSEÑAR Y APRENDER, que constituye su primordial obligación como funcionarios de la DGCyE.
– A las autoridades políticas de todos los niveles (municipal, provincial y nacional) arbitren los medios necesarios para que los alumnos , docentes y no docentes de las escuelas rurales dejen de ser sometidos a la violencia constante que implican las fumigaciones con agrotóxicos, atentos a su deber de asegurar el cumplimiento de la Constitución Nacional, la Declaración Universal de los Derechos del Niño y el Adolescente y La Ley Nacional de Educación Nº 26.206 que , como ciudadanos, sabemos nos amparan frente a este flagelo.
Tal como se afirma en las conclusiones del 3º Congreso de Médicos de Pueblos fumigados en septiembre de 2015, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), «el sistema de producción agrícola vigente en el país contamina el ambiente y los alimentos de los argentinos, enferma y mata a las poblaciones humanas de las zonas agrícolas», y las/los docentes de esta red podemos dar fe de ello, ya que somos testigos diariamente de la aplicación de un sistema productivo que evidentemente no tiene en cuenta el “ costo humano”.
El Protocolo de actuación y denuncia ante un caso de fumigación
con agrotóxicos en las adyacencias de una escuela rural en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires, es una guía con pasos concretos de como las
autoridades de los establecimientos educativos deben actuar a los efectos de
resguardar las pruebas y documentar el caso debidamente con vistas a
visibilizar una problemática que es ignorada por el estado o bien formular una
presentación administrativa o judicial.
Ante todo, el hecho debe ser denunciado ante las autoridades policiales y administrativas, sabiendo que el seguimiento estricto del protocolo se tendrá una base fáctica debidamente instrumentada que nos permitirá una sólida afrenta ante el poder judicial. Prueba de ello es el reciente fallo de la justicia de Bahía Blanca que hizo lugar a una medida cautelar a favor de una escuela rural afectada por las fumigaciones con agrotóxicos (Caso Grynberg). Esa sentencia cautelar pudo obtenerse por el cumplimiento de varias pautas del presente protocolo, para el cual se consideraron las opiniones de docentes y directores de escuelas rurales afectadas directamente por las fumigaciones con agrotóxicos.
Corresponde tener presente que en la Provincia de Buenos Aires, la ley provincial de agrotóxicos vigente y su decreto reglamentario no establecen ningún tipo de restricción para las fumigaciones terrestres; y en cuanto a las aéreas solo prevé una distancia de protección de 2 kms respecto a los centros poblados, no incluyendo a las escuelas rurales. Por ello, en aquellas localidades donde no existan ordenanzas que regulen las fumigaciones con agrotóxicos o no dispongan ninguna restricción en relación a las escuelas rurales, con la aplicación estricta del protocolo, están las condiciones, a priori, para procurar intentar por la vía judicial la obtención de una medida cautelar idéntica al caso Grynberg (2 kms fumigaciones aéreas – 1000 metros terrestres), a fin de proteger a la comunidad escolar.
El protocolo es una guía donde se detallan los procedimientos a llevar adelante por los Equipos Directivos de Escuelas Rurales, o localizadas en contextos periurbanos, que se vieran afectadas por la utilización de agrotóxicos.
Fue presentada por representantes gremiales de AMSAFE (Asociación del Magisterio de Santa Fe) en el COMITÉ MIXTO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
Enmarcada en la Ley Provincial de Agrotóxicos Nº 11.273 modificatorias y Decreto reglamentario Nº 0552/97.
En prensa en “L’Ordinaire des Amériques (ORDA) n° 225”
En este trabajo se analizaron las condiciones de desigualdad ambiental en la que viven estudiantes de una escuela secundaria rural y sus familias como consecuencia de su exposición a pesticidas en Argentina. Con posterioridad a la encuesta y cartografía social se desarrolló un seminario con los alumnos a los fines de concientizarlos sobre los riesgos para su salud que implica la exposición a pesticidas. La discusión final se centra en pensar la experiencia social del riesgo en un contexto de desigualdades ecológicas.
