Insistimos: No hay razones para envenenar la gurisada

Otra vez, el gobernador de Entre Ríos emitió un decreto con el que pretende habilitar las fumigaciones con agrotóxicos a una distancia de 100 metros terrestres y 500 metros aéreos de las escuelas rurales entrerrianas.

La Red Federal de Docentes por la Vida en su primer encuentro, el 27 y 28 de Julio, reafirmó la necesidad de proteger las escuelas rurales que son la ÚNICA posibilidad que tienen los niños/as y adolescentes del medio rural para acceder a la educación, por la imposibilidad de concurrir a diario a escuelas urbanas, por la distancia, el estado de los caminos, la falta de medios de transporte, carencia de recursos económicos. Además son un espacio de sociabilización irremplazable para la comunidad; en general el único lugar público para la realización de actividades de interés común, fomentando el arraigo al territorio.

En octubre de 2018 el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos otorgó distancias de resguardo alrededor de las escuelas rurales de esa provincia de 1.000 y 3.000 metros sin fumigar de manera terrestre y aérea respectivamente. Por presiones del agronegocio el gobernador Bordet publicó el decreto 4407 que pretendía anular el fallo, el cual a su vez fue anulado por el máximo órgano de la Justicia Provincial dejando firme la primer sentencia.

Durante todo este tiempo la Mesa de Enlace de Entre Ríos viene sosteniendo que los fallos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos carecen de “criterio técnico alguno e imposibilitan la producción en más de 300 mil hectáreas”.

Resulta llamativo que quienes supuestamente se abocan a esa actividad aparentan desconocer que hay una amplia variedad de modos en los que no se depende del uso de agrotóxicos: 85.000 hectáreas de agroecología bajo el asesoramiento del RENAMA, 80.877 hectáreas de producción orgánica argentina durante el 2018; sólo por mencionar algunas. De hecho, la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) presentó una propuesta técnica para la producción de cultivos extensivos de cereales, oleaginosas y granos alimenticios agroecológicos en las zonas lindantes a escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos. Se puede producir de otra manera.

Las conclusiones del Primer Foro por un Programa Agrario Soberano y Nacional dejaron en claro que más de 100 organizaciones del país exigen el fomento a la agroecología como política de Estado y el fortalecimiento de las escuelas rurales para el arraigo de los jóvenes en el campo.

El mismo día de la Pachamama, nuevamente el gobernador Bordet lanza el decreto 2239, que desconoce las leyes que invoca, la división de poderes, y la realidad de la comunidad educativa rural; permitiendo las fumigaciones con agrotóxicos a distancias con las cuales no han podido comprobar que la salud de estudiantes y trabajadores de la educación no esté comprometida.

El decreto 2239 desconoce el fenómeno de la deriva, sostienen que con fumigar fuera del horario escolar y las mal llamadas prácticas agrícolas alcanza para protegernos. ¿Quién cumple el rol de unidad centinela que menciona el decreto? ¿Son docentes quienes tendrán la responsabilidad de que las fumigaciones no les afecten?

Porque defendemos el derecho a la educación, la salud y un ambiente sano, repudiamos el decreto 2239 con el que el gobernador Bordet da permiso para que se fumigue a la gurisada.

El fallo del STJ de Entre Ríos es contundente: “la Ley Nacional 26.061 que además de consagrar la «aplicación obligatoria» de la Convención de los Derechos del Niño, al contemplar los derechos -entre ellos el de la salud y al Medio Ambiente sano y equilibrado (art.21)– lo hace asignándole «prioridad absoluta» en el control de políticas públicas, frente a la cual es prioritario mantener siempre presente el interés superior del niño.” Sobran razones para que el fallo tenga aval de todas las instancias del Estado.

No podemos permitir que los agrotóxicos invadan las escuelas y los contenidos curriculares; por el contrario, la agroecología es una opción real, y las escuelas rurales pueden promoverla como motor de cambio para lograr la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. 

Acompañamos con fuerza a la Coordinadora Provincial por una vida sin agrotóxicos: Basta es Basta

2 de agosto de 2019 -RED FEDERAL DE DOCENTES POR LA VIDA-

No hay razones para envenenar la gurisada

Comunicado – 20 de mayo de 2019

El fallo que anula el decreto del gobernador Bordet; y que deja firme la primer sentencia del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos; otorga un resguardo alrededor de las escuelas rurales de esa provincia de 1000 y 3000 metros sin fumigar de manera terrestre y aérea respectivamente.

La mesa de enlace de Entre Ríos lanzó un comunicado sobre el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos: «Este fallo, sin respaldo ni criterio técnico alguno, imposibilita la producción en más de 300 mil hectáreas”.

Porque defendemos el derecho a la educación, la salud y un ambiente sano, repudiamos los dichos de la mesa de enlace entrerriana; del secretario de Agroindustria Etchevehere, y del presidente Macri.

No hay razones para que los agrotóxicos invadan las escuelas y los contenidos curriculares; por el contrario, la agroecología es la alternativa sustentable a este modelo de muerte, que favorece a un puñado de empresarios, y las escuelas rurales pueden promoverla como motor de cambio hacia la soberanía alimentaria.

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Repudio a las declaraciones de Mauricio Macri

Desde la RED FEDERAL DE DOCENTES POR LA VIDA repudiamos las declaraciones del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, realizadas durante el día de ayer en Gualeguaychú, Entre Ríos

En consonancia con el modelo agroindustrial, el Presidente se mostró preocupado por el fallo judicial acerca de las distancias para aplicación de agrotóxicos alrededor de las escuelas (a los cuales denominó fertilizantes, mostrando una vez más su ignorancia), y tomó partido ante la queja de los productores de la provincia. 

Estas declaraciones lamentablemente no nos sorprenden. Al contrario, se suman a una serie de acciones que Cambiemos viene desarrollando en relación a la educación como el cierre las escuelas rurales y la promoción de las engañosas y mal llamadas buenas prácticas agrícolas (BPA) a través de charlas y capacitaciones. 

Quienes formamos parte de esta red, nos encontramos a diario con el “costo humano de los agrotóxicos”: problemas de salud (muchos irreversibles), como cáncer, hipo e hipertiroidismo, afecciones respiratorias, alergias en la piel, abortos espontáneos, entre muchos otros; contaminación del agua, del suelo, pérdida de las producciones familiares…

Evidencia científica y muertes a causa de los agrotóxicos nos desbordan. Faltan políticas de Estado que protejan realmente a la población. Los pueblos fumigados continuamos en alerta, luchando por el fomento de la agroecología, y la implementación de normativas que protejan a nuestros niños y niñas, a las comunidades educativas, a los trabajadores y trabajadoras del medio rural.

Un día histórico en la lucha contra los agrotóxicos

En el día de ayer, en lo que representa un fallo histórico, el tribunal oral de Concepción del Uruguay, conformado por los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas, condenó a 1 año y 6 meses de prisión -en suspenso- a los tres imputados por fumigar en cercanías de la Escuela N° 44 «República Argentina» de Colonia Santa Anita, en la provincia de Entre Ríos. Asimismo, se fijó la inhabilitación por un año para quien hizo efectiva la pulverización de forma aérea.

La Justicia hizo lugar al pedido de la fiscalía de responsabilizar al presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez, al dueño del campo de arroz y maíz que contrató el servicio, José Mario Honecker, y al piloto que manejaba la aeronave, César Martín Visconti, por “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa”, tras realizar pulverizaciones en los alrededores de la escuela en horario de clase.

Desde el inicio de la causa, a Honecker se le acusó de haber contratado los servicios de Aero Litoral para el campo ubicado entre los kilómetros 7 y 11, de la zona rural de localidad de Santa Anita, con empleo de productos químicos calificados como residuos peligrosos por la ley nacional Nº 24.051.

En el expediente figura que la labor de fumigación estuvo a cargo de César Martín Visconti, precisamente de Aero Litoral. La firma en cuestión estaba presidida por Erminio Rodríguez en el momento en que se llevó a cabo la aplicación de agrovenenos junto al establecimiento escolar.

A la sentencia en cuestión se llega a partir de la denuncia de la docente Mariela Leiva y desde la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas”, encabezada por la filial Basavilbaso, seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

Mariela Leiva denunció fumigaciones y haber sufrido contaminación con pesticidas mientras trabajó en la escuela 44 entre 2008 y 2017.

Consideramos que si bien la condena no alcanza para remediar las consecuencias que los agrotóxicos han provocado en los niños y niñas afectadas, este juicio constituye el primer dictamen en la Argentina en torno a la protección de docentes y alumnos rurales, y por tanto sienta un precedente fundamental en caso de futuras denuncias.

Estos acontecimientos nos fortalecen a todos los colectivos que luchamos por una sociedad más justa. Ahora es el momento de aunar fuerzas, de animarse a denunciar, de interpelar a las autoridades gremiales para que de una vez por todas se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes a crecer en ambiente sano, libre de agrotóxicos.

Red Federal de Docentes por la Vida

04 de Octubre de 2017