Graciela Canziani, Virginia Aparicio, Agustina Cortelezzi, y otros.
Este informe describe parte de los objetivos, procedimientos y resultados de dos proyectos de extensión universitaria financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación a través del Programa de Voluntariado Universitario Compromiso Social de la Comunidad Universitaria. Los proyectos se denominan EcoAgricultura (V10- UNICEN6063) y EcoAgricultura II (V26-UNICEN10338) y se desarrollaron durante los años 2017 y 2018, con la colaboración de la Jefatura Distrital Tandil. En cada uno de los proyectos se trabajó con ocho Escuelas Rurales del partido de Tandil, en diferentes niveles de la educación: Inicial, Primaria y Secundaria. En total se trabajó con 15 escuelas, una de las cuales participó en los dos periodos de estudio.
Estos proyectos fueron desarrollados por docentes de la Facultades de Ciencias Exactas, Ciencias Humanas y Ciencias Veterinarias de la UNICEN, junto con estudiantes y graduados pertenecientes a las carreras de Licenciatura en Tecnología Ambiental, Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental y del Doctorado en Ciencias Aplicadas Mención Ambiente y Salud, todos de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Se realizaron muestreos para detectar la presencia de plaguicidas en el agua y el suelo de las Escuelas Rurales participantes. Los sitios de muestreo se ubicaron en los patios de juego y jardines de éstas. También se extrajo una muestra de agua del tanque de almacenamiento en aquellas que cuentan con pozo.
Se hizo hincapié en los beneficios que la agroecología y la producción orgánica ofrecen en comparación con el actual modelo productivo dependiente de fertilizantes y agroquímicos biocidas, que tienen efectos nocivos tanto para la salud como para la calidad del ambiente. Para ello se trabajó con los niños y adolescentes a través del método de indagación, utilizando juegos como disparadores y coordinando las actividades con los docentes rurales en función de la programación anual.
Soy Paola directora y docente rural de Baradero, en todo este tiempo que llevamos de aislamiento social siempre pensé en la suerte que tienen mis alumnos de vivir en el campo y no sentir el encierro que muchos sentimos hoy.
Después de más de cien días de no verlos (ya que son los padres los que se acercan a la escuela a retirar las tareas y módulos alimentarios) como los extraño mucho decidí ir a visitarlos a sus casas. Aproveche un hermoso y tranquilo día de sol y salí feliz hacia allá, no sólo por verlos, sino también porque era una buena excusa para sentir un poco de libertad y aire puro… Pero todo eso se esfumó en un instante al bajarme del auto en el primer campo y sentir ese olor nauseabundo que aún estaba en el aire y peor aún al escuchar el relato de la madre que me contaba que habían estado encerradas toda la mañana porque no se podía respirar ya que los que arrendaban el campo habían estado con las máquinas fumigando desde temprano.
Seguí mi viaje ya que quedaba mucho recorrido aún… Pero ahora con mucha tristeza al pensar que todo este tiempo estuve equivocada pensando que mis alumnos estaban protegidos y que el aislamiento no les afectaba como a los niños de las ciudades. Sin embargo la pandemia pasará, pero ellos seguirán teniendo que encerrarse en sus casas cada vez que el «virus con ruedas o alas» ande cerca.
Cuando ya empezaba a volver una avioneta hacia sus vuelos rasantes… Quédate en casa… nos cuidamos entre todos… Que ironía.
Paola Kruger, docente rural de Baradero e integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida
Nuevamente debemos denunciar con mucha angustia que están fumigando las escuelas rurales. Aunque se escuden en el discurso de las Buenas Prácticas Agrícolas o de realizar estas prácticas nocivas fuera del horario escolar, es necesario se tome conciencia de la tragedia a la que exponen a la comunidad escolar.
En la localidad de Alta Vista, distrito de Saavedra, la EP n°10 nuevamente es rociada con agrotóxicos. La docente a cargo del establecimiento recibió un correo electrónico, el día lunes 28 de octubre, que le informaba que el fin de semana previo se fumigó en el campo lindero a la escuela. Cómo la docente ya lo viene expresando es una problemática injusta:
“Los sentimientos de angustia, miedo, impotencia, bronca, soledad, etc. se repiten una y otra vez. Hasta cuando podremos soportar tantas injusticias!!! Cuando se dará cuenta el pueblo entero de que nos están matando lentamente. Que no habrá futuro para nuestros hijos si no frenamos YA esta bomba química!! Está demostrado con cientos de estudios científicos las gravísimas consecuencias para la salud que traen los agrotóxicos.” Docente de la EP n°10
El distrito cuenta con la Ordenanza 7259/2012, que establece una “marcación de zona Buffer o NO USO de agroquímicos de banda roja, en un área no menor a los 500 metros de radio, para aeroaplicadores y aplicadores terrestres, a las Escuelas Rurales del Distrito. Para hacer uso de los productos permitidos, se deberá solicitar la debida autorización a la Secretaría de Salud Municipal, como así también respetar los horarios en que alumnos asisten al establecimiento.”
Como muchas ordenanzas, la norma no es suficiente para asegurar nuestro derecho a un ambiente sano (Artículo 41 de la Constitución Nacional; Artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Ley Provincial Nº 11.723, ). En primer lugar, es importante aclarar que cuando menciona productos permitidos, se refiere a productos de banda verde, como lo es el famoso Glifosato. Organizaciones internacionales como la ONU/OMS -IARC dicen que el Glifosato Banda IV es probablemente cancerígeno para seres humanos (baja peligrosidad según SENASA).
Luego, el llamamiento a respetar los horarios sin alumnos en el establecimiento desconoce el fenómeno de la deriva. Cómo ya bien lo expresaron desde la Red Universitaria de Salud y Ambiente: “Sin duda que ser víctima de la deriva primaria (la nube de plaguicidas que se disemina apenas es liberada por el fumigador) es muy grave y desagradable, pero fumigar con la escuela cerrada no impide que el ambiente escolar quede contaminado con esos agrotóxicos que sostendrán la exposición de alumnos y maestros cuando éstos regresen a la misma. Las escuelas deben ser lugares seguros para contener a los niños.” Avila Vazquez y Difilippo, 2018.
Y cómo vienen expresando varias investigaciones: “La deriva de pesticidas es el movimiento de pesticidas fuera del blanco (Lee y colab., 2011). Cuando se habla de deriva, en general, se la asocia con el efecto que origina habitualmente el viento, pero en realidad hay otros tipos de derivas menos visibles, originados por ejemplo por la humedad relativa, la temperatura ambiente, la lixiviación o el drenaje.”Hough, 2019
Por último, al recurrir a nuestro derecho a la información no pudieron especificar con que se estaba fumigando, ni demostrar receta agronómica, ni mostrar la autorización que menciona el artículo.
Es evidente que los grupos sociales que se benefician económicamente con esta modalidad de agricultura, tratan peligrosa y maliciosamente de esconder y negar la evidencia, dado que su reconocimiento exige un replanteamiento del modelo agropecuario y las políticas que lo rigen.
Como educadores y miembros de la Red Federal de Docentes por la Vida, creemos que esta problemática necesita una urgente solución; sabemos y difundimos la agroecología como forma de producir la tierra sin venenos.
Paren de fumigar, comenzando por las escuelas rurales.
Por nuestros niños, niñas y adolescentes, hoy vulnerados gravemente en sus derechos, y por todas las generaciones futuras
Como es de público conocimiento el día viernes 16 de Agosto del 2019 la Escuela de Educación Secundaria N°3 del Paraje de Tronconi, se vio a afectada por una fumigación en los campos vecinos a la misma. Desde la institución queremos dar nuestra versión de los hechos con el fin de evitar todo tipo de supuestos.
Siendo las 11:30 hs un grupo de alumnos, a cargo del Profesor Mariano Galdara salen del aula, junto a la Ingeniara Agrónoma Crotolari Magali, para trabajar en base a un proyecto de forestación y huerta orgánica. En ese momento advierten un persistente olor a remedio y ven que una maquinaria, conocida con el nombre de “Mosquito” que estaba fumigando en los campos vecinos a la escuela.
Automáticamente se procede de acuerdo a lo estipulado en el Protocolo de Actuación frente a casos de fumigación. Se resguarda a los estudiantes dentro de la escuela, se informa de la situación a las autoridades educativas y a las familias, y se da suspensión de clases. Así como también se realiza un registro fotográfico de la misma y se hacen las denuncias ante los organismos correspondientes.
Como Institución Educativa tenemos la obligación de actuar en función del cuidado de nuestra/os estudiante, así como lo establecen el Marco Normativo desde la Dirección General de Cultura y Educación. Pero también como educadores tenemos la responsabilidad pedagógica de Pensar y desnaturalizar este tipo de prácticas agrarias, que no tienen que ver con una persona en particular, sino con un modelo productivo y económico que explota, saquea y envenena nuestros suelos y nuestra salud.
Creemos firmemente que la educación es el lugar desde donde se puede pensar y construir alternativas frente a este modelo y que hacerlo es un compromiso ético con nuestras generaciones futuras.
Anabel Comesaña Directora E.E.S.N°3 Roque Pérez RED FEDERAL DE DOCENTES POR LA VIDA
El día lunes 3 de junio, la Red Federal de Docentes por la Vida fue convocada a una reunión informativa sobre fumigaciones en la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo de la Dirección General de Cultura y Educación (C.J.M.D.G.CyE.). Esta Comisión que es parte de la COMISASEP tiene hoy entre sus objetivos que se implemente en la provincia de Buenos Aires el protocolo de actuación y denuncia en caso de fumigaciones con agrotóxicos en las escuelas rurales. La Red fue convocada para contar la problemática que atraviesan las comunidades educativas de la provincia, y describir el protocolo, ante la presencia de los gremios y personal del Estado.
Es un paso importante, para poder dar lugar a que más docentes conozcan el protocolo y tenga que ser estudiado e implementado, y así saber qué hacer si su escuela es fumigada. Es una responsabilidad indelegable del Estado velar por la salud de la comunidad educativa.
Por nuestros niños, niñas y adolescentes, hoy vulnerados gravemente en sus derechos, y por todas las generaciones futuras, esperamos lleguen pronto al consenso necesario
El pasado viernes 22 de marzo, a media mañana, en plena actividad escolar, una camioneta blanca con un tanque cargado de veneno y seguida por dos mosquitos amarillos (propiedad de un «señor» de la localidad de Pigüé, que tiene su hangar en la Ruta 33), irrumpieron la paz escolar al transitar a toda velocidad por la calle que pasa frente a la escuelita rural N°10 de Alta Vista. Seguramente habían estado dispersando el veneno durante varias horas en cercanías al establecimiento (como ha pasado en otras oportunidades), sin que me diera cuenta y pudiera tomar las medidas necesarias para resguardar la salud de mis alumnos y la mía.
Cabe aclarar que el viento soplaba muy fuerte, como lo demuestra la bandera flameando en la foto. Aclaro esto porque después se excusan con el verso de las «buenas prácticas», que todos sabemos que no existen al momento de aplicar venenos en miles de litros y esparcirlos sin control alguno.
Los sentimientos de angustia, miedo, impotencia, bronca, soledad, etc. se repiten una y otra vez. Hasta cuando podremos soportar tantas injusticias!!! Cuando se dará cuenta el pueblo entero de que nos están matando lentamente. Que no habrá futuro para nuestros hijos si no frenamos YA esta bomba química!! Está demostrado con cientos de estudios científicos las gravísimas consecuencias para la salud que traen los agrotóxicos. Entonces, cómo puede ser que no podamos frenar a estos asesinos. Como decía Andrés Carrasco, “No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública.» Nuestra vida vale mucho más que tus sucios negocios!!! Y nuestros derechos????? Lo dice la Constitución Nacional!!!
PAREN DE ENVENENARNOS!!!! PAREN DE FUMIGAR LAS ESCUELAS RURALES Y A SUS NIÑOS!!!!
Marcela Murguía Docente Rural Envenenada – Integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida
Desde nuestros espacios de lucha territorial mostramos seria preocupación por la ofensiva que el estado provincial está llevando adelante, a través de la espuria e inconstitucional Resolución 246/18 del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires.
¿QUÉ DICE LA RESOLUCIÓN?
Que a partir del 1 de enero de 2019 los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales comprenderán la zona de amortiguamiento. Y respecto de la misma se podrán realizar aplicaciones terrestres con agrotóxicos.
Sólo en el caso de viviendas familiares que se encuentren en un área urbana o zona residencial extraurbana deberá preverse la presencia del profesional interviniente que determine las previsiones a tener en cuenta al inicio y durante la aplicación.
Con respecto a las escuelas rurales, establece que las aplicaciones con agrotóxicos (tanto áreas como terrestres) deberán realizarse fuera del horario escolar.
En la exposición de motivos de la resolución se señala que las distancias de protección no son esenciales para definir las dimensiones particulares del uso de agrotóxicos sino la aplicación de las buenas prácticas agrícolas.
Con el argumento de la “baja matrícula”, el gobierno de María Eugenia Vidal anunció el cierre de 39 establecimientos educativos rurales de la Provincia de Buenos Aires, y 8 escuelas del Delta (que finalmente serán 2) para el presente ciclo lectivo.
Desde la Red Federal de Docentes por la Vida, emitimos el presente comunicado en repudio a dichas medidas. Entendemos que las escuelas rurales son la ÚNICA posibilidad que tienen los niños/as y adolescentes del medio rural para acceder a la educación, por la imposibilidad de concurrir a diario a escuelas urbanas, por la distancia, el estado de los caminos, la falta de medios de transporte, carencia de recursos económicos.
La realidad del espacio geográfico es más complejo que aquel que se avisora desde un mapa virtual, ya que escuelas que pueden parecer cercanas en relación a la distancia en kilómetros, no cuentan con una red de caminos que permita la accesibilidad, en caso de pretender desplazar alumnos de una institución rural a otra. Por otro lado, las escuelas rurales son un espacio de sociabilización fundamental e irremplazable para la comunidad, siendo, en general, el único lugar público de encuentro para la realización de actividades de interés común.
El Estado está incumpliendo la Ley N° 26.206, Ley de Educación Nacional, que en el artículo 2° señala que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.
El gobierno actual ha profundizado el negocio sobre la tierra, eximiendo del pago de retenciones a los grandes propietarios y pools de siembra, promocionando en las escuelas rurales técnicas las “bondades” del agronegocio y las “buenas prácticas agrícolas”, ubicando a personajes como Luis Etchevere, presidente de la Sociedad Rural Argentina entre 2012 y 2017, al frente del Ministerio de Agroindustria; aprobando nuevos transgénicos que benefician a las corporaciones Syngenta, Dow y Bayer; y ahora vienen por las escuelas rurales.
Por eso consideramos que no se trata sólo de un ajuste en los “números”, porque eso son los niños/as y adolescentes para este gobierno: sólo números; son las variables que sobran para este modelo siniestro y excluyente, que deviene en un campo cada vez más despoblado.
Un campo sin escuelas rurales es lo que necesitan las corporaciones mencionadas, no solamente para obtener nuevos terrenos para explotar, sino porque estas instituciones se han convertido en los últimos años en espacios de denuncia y concientización acerca del costo humano de los agrotóxicos sobre el ambiente en general y la salud humana en particular.
NO AL CIERRE DE LAS ESCUELAS RURALES SÍ AL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Como docentes y directivos de diversas escuelas rurales de provincia de Buenos Aires reunidos en esta «RED DE DOCENTES POR LA VIDA», nos preocupa profundamente una gravísima situación que afecta a las comunidades rurales y dentro de ellas especialmente a las escuelas y a su población escolar: las fumigaciones/pulverizaciones con agrotóxicos en sus adyacencias.
Recientemente la Corte Suprema de la Nación rechazó la queja presentada por la defensa el productor agropecuario Francisco Parra y el piloto Edgardo Pancello contra el fallo de la Cámara Primera del Crimen de la Justicia cordobesa que los condenó a tres años de prisión condicional al considerar que mediante el uso de agrotóxicos envenenaron de «modo peligroso» suelos, salud y el ambiente en general en la zona de barrio Ituzaingó anexo.
Asimismo, cabe destacar que en abril del presente año, el “Tribunal Internacional contra Monsanto” consideró a la multinacional culpable por el delito de ecocidio, por contaminar el medioambiente, enfermar la salud de las personas, vulnerar los derechos de las personas a acceder a un medioambiente sano e impedir la libre investigación científica.
Las comunidades rurales se encuentran en un estado pleno de vulnerabilidad ante el desarrollo de prácticas que atentan contra la salud, incumpliendo el artículo 41 de la Constitución Nacional que establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Nuevas denuncias nos pone en alerta ante el incumplimiento de las ordenanzas municipales de la Provincia de Buenos Aires, en relación a las pulverizaciones. El 23 de agosto del presente ciclo lectivo, en los Barrios Esperanza y San José, del Partido de Exaltación de la Cruz, se produjo una pulverización terrestre a metros del Jardín de Infantes y de la E. P. N° 8 y E. E. S. N° 5, sobre la Ruta Provincial 39, en pleno horario escolar.
El 5 de septiembre docentes de Luján denunciaron la violación de la ordenanza 5953/11, cuando se pulverizó por vía terrestre un campo lindero a la E.P. N° 22 y al Jardín de Infantes N° 902 del mencionado Partido. Un día después, en la ciudad de San Andrés de Giles, se fumigaba la E.P. N° 18, en las cercanías de Azcuénaga.
Todos los miembros de esta red tenemos experiencias directas con esta problemática, hemos visto afectada nuestra salud en el ámbito laboral y hemos sido testigo de los efectos del uso de agrotóxicos sobre la salud de nuestros alumnos y de sus familias: problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo, abortos espontáneos y cáncer , pasan a ser moneda corriente en nuestras comunidades rurales.
Por lo antes expuesto solicitamos:
– A los GREMIOS QUE AGRUPAN A PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES que nos acompañen en la lucha por la defensa de nuestros derechos como trabajadores de la educación, expuestos constantemente a un grave riesgo de salud por el solo hecho de concurrir a nuestros lugares de trabajo diariamente. Cabe destacar que la ART NO RECONOCE LAS INTOXICACIONES CON AGROTÓXICOS COMO ACCIDENTE DE TRABAJO y la Obra Social no reconoce los estudios y/o tratamientos que en relación a estos incidentes deban realizarse los docentes.
– A DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, representada en cada Distrito Educativo por las Inspectoras de cada Nivel y Distrital, que traten el tema con la seriedad que se merece, creando conciencia desde el ámbito educativo de esta grave problemática, difundiendo un Protocolo de denuncia y articulando acciones con Consejo Escolar y Gobiernos Municipales, para defender el derecho básico para los niños y sus docentes de ENSEÑAR Y APRENDER, que constituye su primordial obligación como funcionarios de la DGCyE.
– A las autoridades políticas de todos los niveles (municipal, provincial y nacional) arbitren los medios necesarios para que los alumnos , docentes y no docentes de las escuelas rurales dejen de ser sometidos a la violencia constante que implican las fumigaciones con agrotóxicos, atentos a su deber de asegurar el cumplimiento de la Constitución Nacional, la Declaración Universal de los Derechos del Niño y el Adolescente y La Ley Nacional de Educación Nº 26.206 que , como ciudadanos, sabemos nos amparan frente a este flagelo.
Tal como se afirma en las conclusiones del 3º Congreso de Médicos de Pueblos fumigados en septiembre de 2015, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), «el sistema de producción agrícola vigente en el país contamina el ambiente y los alimentos de los argentinos, enferma y mata a las poblaciones humanas de las zonas agrícolas», y las/los docentes de esta red podemos dar fe de ello, ya que somos testigos diariamente de la aplicación de un sistema productivo que evidentemente no tiene en cuenta el “ costo humano”.
El Protocolo de actuación y denuncia ante un caso de fumigación
con agrotóxicos en las adyacencias de una escuela rural en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires, es una guía con pasos concretos de como las
autoridades de los establecimientos educativos deben actuar a los efectos de
resguardar las pruebas y documentar el caso debidamente con vistas a
visibilizar una problemática que es ignorada por el estado o bien formular una
presentación administrativa o judicial.
Ante todo, el hecho debe ser denunciado ante las autoridades policiales y administrativas, sabiendo que el seguimiento estricto del protocolo se tendrá una base fáctica debidamente instrumentada que nos permitirá una sólida afrenta ante el poder judicial. Prueba de ello es el reciente fallo de la justicia de Bahía Blanca que hizo lugar a una medida cautelar a favor de una escuela rural afectada por las fumigaciones con agrotóxicos (Caso Grynberg). Esa sentencia cautelar pudo obtenerse por el cumplimiento de varias pautas del presente protocolo, para el cual se consideraron las opiniones de docentes y directores de escuelas rurales afectadas directamente por las fumigaciones con agrotóxicos.
Corresponde tener presente que en la Provincia de Buenos Aires, la ley provincial de agrotóxicos vigente y su decreto reglamentario no establecen ningún tipo de restricción para las fumigaciones terrestres; y en cuanto a las aéreas solo prevé una distancia de protección de 2 kms respecto a los centros poblados, no incluyendo a las escuelas rurales. Por ello, en aquellas localidades donde no existan ordenanzas que regulen las fumigaciones con agrotóxicos o no dispongan ninguna restricción en relación a las escuelas rurales, con la aplicación estricta del protocolo, están las condiciones, a priori, para procurar intentar por la vía judicial la obtención de una medida cautelar idéntica al caso Grynberg (2 kms fumigaciones aéreas – 1000 metros terrestres), a fin de proteger a la comunidad escolar.
En prensa en “L’Ordinaire des Amériques (ORDA) n° 225”
En este trabajo se analizaron las condiciones de desigualdad ambiental en la que viven estudiantes de una escuela secundaria rural y sus familias como consecuencia de su exposición a pesticidas en Argentina. Con posterioridad a la encuesta y cartografía social se desarrolló un seminario con los alumnos a los fines de concientizarlos sobre los riesgos para su salud que implica la exposición a pesticidas. La discusión final se centra en pensar la experiencia social del riesgo en un contexto de desigualdades ecológicas.
