10 demandas al Estado – Docentes Fumigadas en el 8M

Las docentes de escuelas fumigadas sabemos que en los últimos años han aumentado considerablemente los casos de cáncer, leucemia y abortos espontáneos en nuestras comunidades. En relación a esta problemática creciente sintetizamos en 10 puntos nuestras demandas al Estado y las instituciones públicas del ámbito educativo.

1 Denunciamos la ausencia de estadísticas oficiales que se traduce en la complicidad del área de salud con empresarios y el estado.

2 Manifestamos nuestro estado de ALERTA ante las enfermedades y dolencias que padecen las mujeres y niñes que viven y trabajan en el ámbito rural en nuestro distrito y la región.

3 Exigimos justicia para Melisa Núñez, oscuras maniobras entre empresarios y el estado intentan extender la impunidad y evitar el prometido juicio a los responsables políticos del derrame tóxico que cobró su vida.

4 Manifestamos nuestro repudio a la resolución 246/18 que pone los intereses del agronegocio por encima de nuestros derechos humanos y que por nuestra intensa lucha fue postergada por el término de un año.

5 Exigimos un justo y coherente tratamiento a ordenanzas superadoras, a favor de la vida y la conservación de la biodiversidad, que regule con estricto control el uso, transporte y depósito de agrotóxicos.

Solicitamos a los gremios:

6 Que se obren las gestiones necesarias para realizar seguimientos de la salud y un plan de vigilancia de genotoxicidad sobre la niñez, adolescentes, personal docente y no docente que concurren a escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires.

7 Que se gestionen estudios del agua de consumo de las escuelas que incluyan la detección de agronómicos.

8 Que trabajen en pos de la defensa de nuestros derechos como trabajadoras de la educación, expuestas constantemente a graves riesgos de salud (cabe destacar que la ART no reconoce las intoxicaciones con agrotóxicos como accidente de trabajo y la obra social no reconoce estudios y/o tratamientos que en relación a intoxicaciones).

9 Que se difunda el protocolo de actuación desde los gremios como una herramienta necesaria para lxs docentes en su rol de cuidado.

10 Que se exija a la Dirección General de Cultura y Educación que trate el tema con la seriedad que se merece, creando conciencia desde el ámbito educativo en todos sus niveles.

Posición y Plan de lucha de los Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires ante la resolución 246/18 del Ministerio de Agroindustria de BsAs

Imagen

Comunicado – 28 de enero de 2019

NUESTRA PREOCUPACIÓN

Desde nuestros espacios de lucha territorial mostramos seria preocupación por la ofensiva que el estado provincial está llevando adelante, a través de la espuria e inconstitucional Resolución 246/18 del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires.

¿QUÉ DICE LA RESOLUCIÓN?

Que a partir del 1 de enero de 2019 los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales comprenderán la zona de amortiguamiento. Y respecto de la misma se podrán realizar aplicaciones terrestres con agrotóxicos.

Sólo en el caso de viviendas familiares que se encuentren en un área urbana o zona residencial extraurbana deberá preverse la presencia del profesional interviniente que determine las previsiones a tener en cuenta al inicio y durante la aplicación.

Con respecto a las escuelas rurales, establece que las aplicaciones con agrotóxicos (tanto áreas como terrestres) deberán realizarse fuera del horario escolar.

En la exposición de motivos de la resolución se señala que las distancias de protección no son esenciales para definir las dimensiones particulares del uso de agrotóxicos sino la aplicación de las buenas prácticas agrícolas.

Ver Documento Online

Descargar Documento en PDF

¿Qué se esconde detrás del cierre de las Escuelas?

Comunicado – 12 de marzo 2018

Con el argumento de la “baja matrícula”, el gobierno de María Eugenia Vidal anunció el cierre de 39 establecimientos educativos rurales de la Provincia de Buenos Aires, y 8 escuelas del Delta (que finalmente serán 2) para el presente ciclo lectivo.

Desde la Red Federal de Docentes por la Vida, emitimos el presente comunicado en repudio a dichas medidas. Entendemos que las escuelas rurales son la ÚNICA posibilidad que tienen los niños/as y adolescentes del medio rural para acceder a la educación, por la imposibilidad de concurrir a diario a escuelas urbanas, por la distancia, el estado de los caminos, la falta de medios de transporte, carencia de recursos económicos. 

La realidad del espacio geográfico es más complejo que aquel que se avisora desde un mapa virtual, ya que escuelas que pueden parecer cercanas en relación a la distancia en kilómetros, no cuentan con una red de caminos que permita la accesibilidad, en caso de pretender desplazar alumnos de una institución rural a otra. Por otro lado, las escuelas rurales son un espacio de sociabilización fundamental e irremplazable para la comunidad, siendo, en general, el único lugar público de encuentro para la realización de actividades de interés común. 

El Estado está incumpliendo la Ley N° 26.206, Ley de Educación Nacional, que en el artículo 2° señala que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.

El gobierno actual ha profundizado el negocio sobre la tierra, eximiendo del pago de retenciones a los grandes propietarios y pools de siembra, promocionando en las escuelas rurales técnicas las “bondades” del agronegocio y las “buenas prácticas agrícolas”, ubicando a personajes como Luis Etchevere, presidente de la Sociedad Rural Argentina entre 2012 y 2017, al frente del Ministerio de Agroindustria; aprobando nuevos transgénicos que benefician a las corporaciones Syngenta, Dow y Bayer; y ahora vienen por las escuelas rurales. 

Por eso consideramos que no se trata sólo de un ajuste en los “números”, porque eso son los niños/as y adolescentes para este gobierno: sólo números; son las variables que sobran para este modelo siniestro y excluyente, que deviene en un campo cada vez más despoblado. 

Un campo sin escuelas rurales es lo que necesitan las corporaciones mencionadas, no solamente para obtener nuevos terrenos para explotar, sino porque estas instituciones se han convertido en los últimos años en espacios de denuncia y concientización acerca del costo humano de los agrotóxicos sobre el ambiente en general y la salud humana en particular.

NO AL CIERRE DE LAS ESCUELAS RURALES
SÍ AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

12 de marzo de 2018

Mujeres, Agrotóxicos y Salud

Este 8 de marzo, día histórico en la lucha por los derechos de todas las mujeres, manifestamos nuestra preocupación y estado de alerta ante las dolencias que padecen las mujeres que trabajan y viven en el ámbito rural de nuestro país.

Como se ha demostrado científicamente, los millones de litros de agrotóxicos que se emplean en los cultivos que abarcan la mayor parte de la tierra cultivable de Argentina, causan daños irreversibles en el ambiente y la salud. Específicamente en el caso de las mujeres, el contacto con plaguicidas como el DDT, paratión, PCB, paraquat, 2 4-D, glifosato, generan: envenenamiento, parálisis, convulsiones, acumulación del veneno en la leche materna, lesiones en el cerebro, cambios en los embriones, abortos espontáneos, hipotiroidismo.

Estudios realizados han mostrado que el Roundup actúa como un disruptor endocrino, lo cual genera cáncer de mama, endometriosis, muerte embrionaria y fetal, malformaciones en la descendencia, pubertad precoz, cáncer vaginal, deformación en los órganos reproductivos, modificación del funcionamiento de las hormonas tiroideas (KACZEWER, 2009)

Asimismo, quienes nos desempeñamos como docentes en escuelas rurales fumigadas (y/o a la que asisten estudiantes de zonas rurales fumigadas) sabemos por la comunidad que en los últimos años aumentaron considerablemente los casos de cáncer, leucemia y abortos espontáneos. Lamentablemente, en muchos casos hay una ausencia de estadísticas oficiales, que se traduce en la complicidad del área de salud con los empresarios y el Estado.

Vivimos y convivimos con una sociedad que castiga a las mujeres que luchan por una ley de aborto seguro y gratuito, pero que mira para otro lado cuando el aborto es inducido por los agrotóxicos que les generan millones de dólares a un puñado de empresarios.

Ana Zabaloy nos habla de las Escuelas Rurales Fumigadas

Imagen

“Las docentes rurales somos testigos privelegiadas del costo humano de este modelo basado en transgénicos y agrotóxicos”

Diseminadas entre las millones de hectáreas donde se producen intensamente commodities de exportación como soja y maíz, están las escuelas rurales donde aprenden miles de niños y niñas lo que les enseñan cientos de docentes: todxs ellxs expuestxs al contacto con los agrotóxicos que el modelo agroindustrial aplica cada vez en mayores cantidades.

Atrás de los slógans sobre “sustentabilidad”, “progreso” o “desarrollo” elaborados por las grandes corporaciones del agronegocio y repetidos por la enorme mayoría de nuestra clase política, se desarrolla cotidianamente una tragedia difícil de dimensionar y que expone con toda crudeza la barbarie del experimento a cielo abierto al que está expuesto el pueblo argentino.

En medio del silencio de autoridades, organismos de control, colegios profesionales y agrupamientos de productores, son cada vez más las voces que se levantan dejando en evidencia complicidades que van desde lo más pequeño y cotidiano, a lo más general y perverso.

Ana Zabaloy, que fundó la Red Federal de Docentes por la Vida, ya no está entre nosotrxs, pero su voz fue de las pioneras en este camino de lucha y denuncia. Nos queda su palabra amorosa y el ejemplo de su compromiso inquebrantable para defender las escuelas rurales y a quienes las habitamos; para avanzar hacia otro modelo agropecuario de la mano de la agroecología; para tener un campo poblado y diverso dónde sea posible crecer y vivir.

San Andrés de Giles – Agosto de 2017

Un día histórico en la lucha contra los agrotóxicos

En el día de ayer, en lo que representa un fallo histórico, el tribunal oral de Concepción del Uruguay, conformado por los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas, condenó a 1 año y 6 meses de prisión -en suspenso- a los tres imputados por fumigar en cercanías de la Escuela N° 44 «República Argentina» de Colonia Santa Anita, en la provincia de Entre Ríos. Asimismo, se fijó la inhabilitación por un año para quien hizo efectiva la pulverización de forma aérea.

La Justicia hizo lugar al pedido de la fiscalía de responsabilizar al presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez, al dueño del campo de arroz y maíz que contrató el servicio, José Mario Honecker, y al piloto que manejaba la aeronave, César Martín Visconti, por “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa”, tras realizar pulverizaciones en los alrededores de la escuela en horario de clase.

Desde el inicio de la causa, a Honecker se le acusó de haber contratado los servicios de Aero Litoral para el campo ubicado entre los kilómetros 7 y 11, de la zona rural de localidad de Santa Anita, con empleo de productos químicos calificados como residuos peligrosos por la ley nacional Nº 24.051.

En el expediente figura que la labor de fumigación estuvo a cargo de César Martín Visconti, precisamente de Aero Litoral. La firma en cuestión estaba presidida por Erminio Rodríguez en el momento en que se llevó a cabo la aplicación de agrovenenos junto al establecimiento escolar.

A la sentencia en cuestión se llega a partir de la denuncia de la docente Mariela Leiva y desde la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas”, encabezada por la filial Basavilbaso, seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

Mariela Leiva denunció fumigaciones y haber sufrido contaminación con pesticidas mientras trabajó en la escuela 44 entre 2008 y 2017.

Consideramos que si bien la condena no alcanza para remediar las consecuencias que los agrotóxicos han provocado en los niños y niñas afectadas, este juicio constituye el primer dictamen en la Argentina en torno a la protección de docentes y alumnos rurales, y por tanto sienta un precedente fundamental en caso de futuras denuncias.

Estos acontecimientos nos fortalecen a todos los colectivos que luchamos por una sociedad más justa. Ahora es el momento de aunar fuerzas, de animarse a denunciar, de interpelar a las autoridades gremiales para que de una vez por todas se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes a crecer en ambiente sano, libre de agrotóxicos.

Red Federal de Docentes por la Vida

04 de Octubre de 2017

A las autoridades gremiales, educativas y políticas:

Como docentes y directivos de diversas escuelas rurales de provincia de Buenos Aires reunidos en esta «RED DE DOCENTES POR LA VIDA», nos preocupa profundamente una gravísima situación que afecta a las comunidades rurales y dentro de ellas especialmente a las escuelas y a su población escolar: las fumigaciones/pulverizaciones con agrotóxicos en sus adyacencias.

Recientemente la Corte Suprema de la Nación rechazó la queja presentada por la defensa el productor agropecuario Francisco Parra y el piloto Edgardo Pancello contra el fallo de la Cámara Primera del Crimen de la Justicia cordobesa que los condenó a tres años de prisión condicional al considerar que mediante el uso de agrotóxicos envenenaron de «modo peligroso» suelos, salud y el ambiente en general en la zona de barrio Ituzaingó anexo.

Asimismo, cabe destacar que en abril del presente año, el “Tribunal Internacional contra Monsanto” consideró a la multinacional culpable por el delito de ecocidio, por contaminar el medioambiente, enfermar la salud de las personas, vulnerar los derechos de las personas a acceder a un medioambiente sano e impedir la libre investigación científica.

Las comunidades rurales se encuentran en un estado pleno de vulnerabilidad ante el desarrollo de prácticas que atentan contra la salud, incumpliendo el artículo 41 de la Constitución Nacional que establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Nuevas denuncias nos pone en alerta ante el incumplimiento de las ordenanzas municipales de la Provincia de Buenos Aires, en relación a las pulverizaciones. El 23 de agosto del presente ciclo lectivo, en los Barrios Esperanza y San José, del Partido de Exaltación de la Cruz, se produjo una pulverización terrestre a metros del Jardín de Infantes y de la E. P. N° 8 y E. E. S. N° 5, sobre la Ruta Provincial 39, en pleno horario escolar.

El 5 de septiembre docentes de Luján denunciaron la violación de la ordenanza 5953/11, cuando se pulverizó por vía terrestre un campo lindero a la E.P. N° 22 y al Jardín de Infantes N° 902 del mencionado Partido. Un día después, en la ciudad de San Andrés de Giles, se fumigaba la E.P. N° 18, en las cercanías de Azcuénaga.

Todos los miembros de esta red tenemos experiencias directas con esta problemática, hemos visto afectada nuestra salud en el ámbito laboral y hemos sido testigo de los efectos del uso de agrotóxicos sobre la salud de nuestros alumnos y de sus familias: problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo, abortos espontáneos y cáncer , pasan a ser moneda corriente en nuestras comunidades rurales.

Por lo antes expuesto solicitamos:

– A los GREMIOS QUE AGRUPAN A PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES que nos acompañen en la lucha por la defensa de nuestros derechos como trabajadores de la educación, expuestos constantemente a un grave riesgo de salud por el solo hecho de concurrir a nuestros lugares de trabajo diariamente. Cabe destacar que la ART NO RECONOCE LAS INTOXICACIONES CON AGROTÓXICOS COMO ACCIDENTE DE TRABAJO y la Obra Social no reconoce los estudios y/o tratamientos que en relación a estos incidentes deban realizarse los docentes.

– A DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, representada en cada Distrito Educativo por las Inspectoras de cada Nivel y Distrital, que traten el tema con la seriedad que se merece, creando conciencia desde el ámbito educativo de esta grave problemática, difundiendo un Protocolo de denuncia y articulando acciones con Consejo Escolar y Gobiernos Municipales, para defender el derecho básico para los niños y sus docentes de ENSEÑAR Y APRENDER, que constituye su primordial obligación como funcionarios de la DGCyE.

– A las autoridades políticas de todos los niveles (municipal, provincial y nacional) arbitren los medios necesarios para que los alumnos , docentes y no docentes de las escuelas rurales dejen de ser sometidos a la violencia constante que implican las fumigaciones con agrotóxicos, atentos a su deber de asegurar el cumplimiento de la Constitución Nacional, la Declaración Universal de los Derechos del Niño y el Adolescente y La Ley Nacional de Educación Nº 26.206 que , como ciudadanos, sabemos nos amparan frente a este flagelo.

Tal como se afirma en las conclusiones del 3º Congreso de Médicos de Pueblos fumigados en septiembre de 2015, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), «el sistema de producción agrícola vigente en el país contamina el ambiente y los alimentos de los argentinos, enferma y mata a las poblaciones humanas de las zonas agrícolas», y las/los docentes de esta red podemos dar fe de ello, ya que somos testigos diariamente de la aplicación de un sistema productivo que evidentemente no tiene en cuenta el “ costo humano”.

RED DE DOCENTES POR LA VIDA

22 de Septiembre de 2017